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Opinión

Salud mental: un reto que se pospone

Más de 280 días, más de 40 semanas, un parto legislativo que parece prorrogarse cada vez más. Cerca de un año desde que se presentó y comenzó el periodo de enmiendas para la Ley de Salud Mental que Unidas Podemos impulsamos en el Congreso. El PSOE, preso de sus miedos, ve con recelo la aprobación de la Ley y provoca esta ampliación de plazos. Una patada hacia adelante sin solución y, en definitiva, el cuento de nunca acabar, que solo se explica por mero partidismo. Una Ley que no traería recetas mágicas sino soluciones en forma de normativa para abordar, de una vez por todas, la prevención, el tratamiento y el seguimiento a los problemas de salud mental.

No es que mi mente haya olvidado aquellos años en los que gobernaba el PP. Aquella banda estaba ocupada en otro tipo de gestiones corruptas y la salud mental no pasaba por su memoria de gestión. Es más bien que, desde mi posición política y con conciencia en la materia, sin haberme caído de ningún guindo, interpelo a quien hoy ha dado algunos pequeños pasos y, quizá, con un breve empujón, deje de hacer la política del titular. El PSOE baila con nosotras, pero a otro compás. Ahora lo necesario, urgente y vital es encontrar la melodía. Debatir y negociar para concluir a la par con este parto primerizo y que en nuestro país exista una Ley de la que sentirse orgullosas y que garantice una calidad asistencial en cuanto a la salud mental se refiere.

La incertidumbre, la crisis derivada de la pandemia, de los conflictos institucionales y de los armados, el cambio climático o el aumento de la precariedad son solo algunos de los factores que han disparado los números referentes a los diagnósticos de salud mental. Ello ha puesto encima de la mesa el bajo número de profesionales de psicología, enfermería especializada o psiquiatría cuando comparamos el mapa español al del resto del panorama europeo. España está en 6 profesionales de psicología por cada 100.000 habitantes, 12 puntos por debajo de la media europea. En los últimos meses, 1 de cada 4 españoles ha tenido miedo a morir y casi 1 de cada 2 sufre problemas de sueño o se siente cansado. El suicidio, con casi 4.000 personas que deciden quitarse la vida al año en nuestro país, según las cifras oficiales, se convierte en la primera causa de muerte no natural entre las personas más jóvenes. Un dato al que se une el preocupante hecho de ser el territorio del mundo donde más tranquilizantes se consumen. Planes, estrategias, proyectos, etc., que, de aprobarse la Ley, quedarían legitimados, tendrían la base presupuestaria adecuada, el personal óptimo y la dignificación necesaria, sin parches, para que se pusieran en marcha.

Las cifras no solo deben escandalizarnos, y eso que la sensibilización está bien, pero cuando se alcanza la gestión, el compromiso debe llegar también hasta la ejecución. El sistema sanitario público lleva décadas desatendiendo la salud mental y ello, evidentemente, ha influido a que esta siga siendo un tabú, pero ahora, ahora que se comienza a hablar al descubierto de la misma, es el momento preciso y oportuno de poder empujar para que las leyes respondan a lo que ya es un clamor ciudadano.

Para quien arranca en su vida laboral, decide independizarse, constituir una hogar, asumir los gastos, crecer, reproducirse, disfrutar de la cultura, los familiares y amigos, el asumir, además, la inversión de ir a terapia es complejo y preocupante. Evidentemente, todo tiene que ver con el “de dónde se viene” y “de qué familia se es”. Seguramente aquella marquesa televisiva “hija de” no tendrá tantos problemas de bolsillo como la joven que mira con preocupación la subida del alquiler de su piso y los gastos del mismo. Defender los servicios públicos también tiene que ver con la desprivatización de los mismos, con el prestar un modelo de calidad de acceso a la educación, a los servicios sociales o a la vivienda.

Solo un Estado responsable con los servicios públicos logrará que alcancemos un futuro próspero como sociedad. Todo lo demás simplemente es un eslogan derechista que intenta alimentar a sus empresas y a los fanáticos, siempre enfurecidos. Y todo ello, claro que influye en la salud mental. Aquello de los factores determinantes de salud ya resulta hasta antiguo. Ahora solo falta que los partidos de siempre comprendan que lo ambiental, lo biológico, lo conductual, lo social, lo económico, lo laboral o lo cultural no puede desagregarse de una vida o de una persona, sino que precisa ser abordado desde un modelo político que piense en salud.

El posicionar a los pacientes en el centro, el generar un sistema sanitario más humanizado, menos hospitalizado, menos psiquiatrizado, con una visión comunitaria, debe ser la oportunidad política que han de aprovechar los partidos cuando se encuentran con posibilidad de gobernanza, y esto es lo que se propone en la Ley. Aumentar las plazas de profesionales de la salud mental para equiparar los números a Europa parece casi una obligación, y esto es lo que se propone en la Ley. Hacerlo con unos presupuestos realistas, es una obviedad, y ello claramente es lo que dicta la propuesta que Unidas Podemos hemos presentado como Ley.

Todos los septiembres se desempolvan los libros y los pupitres y el gentío regresa a sus ciudades. De unos pocos arranques de curso al presente nos viene a la cabeza que el 10 es el Día de la prevención del suicidio, lamentablemente, hoja a hoja del calendario hay personas que necesitan dejar de sufrir. Aprobemos leyes que sean barrera para que la vida sea la que decida seguir adelante. No es lógico continuar fecha a fecha rememorando acontecimientos si lo que prima para algunos partidos es el juego de quién ondea la bandera de la salud mental.

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