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Sociedad

Seis años después, la condena anulada a Alfonso Galiana da la razón al joven sobre el caso del centro de menores

En 2015, Galiana difundió las imágenes para denunciar lo ocurrido y defender el derecho de los menores, pero la Justicia terminó castigándole también a él con dos años y medio de prisión

Hace casi un año, Alfonso Galiana fue condenado a una pena de dos años y medio de prisión por un delito de revelación de secretos, además de una multa económica. Así lo dictaba el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, que castigaba al joven por difundir un vídeo en el que se podía ver cómo empleados del centro de menores almeriense de Tierras de Oria contenían a dos jóvenes de forma violenta. Las imágenes mostraban cómo los menores eran sometidos, mientras gritaban de dolor e imploraban que se parase, a la sujeción mecánica por los trabajadores. Aunque el vídeo fue publicado en 2015, los hechos se remontan a 2011.

Galiana, que estuvo ingresado en el mismo centro a los 17 años, difundió las imágenes para denunciar el trato abusivo de los empleados y defender el derecho de los menores, pero la Justicia terminó castigándole también a él. Dos años y seis meses de cárcel para él que distan de la absolución de dos de los extrabajadores del centro, que fueron absueltos el pasado mes de noviembre después de que uno de los jóvenes internos que aparecen en las imágenes retirara la acusación. En cuanto al tercer empleado, este fue condenado a dos años de prisión por ser quien filmó las imágenes, sin consentimiento y con la firme acusación del menor expuesto.

Ahora, la Audiencia de Almería ha revocado la sentencia contra Galiana debido a que uno de los jóvenes ha dado su perdón expreso. Se trata de José Arcadio D. N., apodado como “El Melillero” y que se encuentra actualmente en prisión. La anulación de la pena tiene un sabor agridulce, ya que, aunque por un lado se absuelva a Galiana, la Justicia sí pretendía castigar al joven por denunciar el trato abusivo del centro de reforma juvenil de titularidad pública de Almería.

Caso Iliass Thairi

La muerte de Iliass Thairi en julio de 2019 reabría el debate en torno a la sujeción mecánica. Con tan solo 18 años, el joven fue contenido boca abajo por los guardias sin que opusiera resistencia alguna y sin la presencia de un profesional ni prescripción médica —así lo prueban las imágenes del momento—. El método de inmovilización aumenta la ansiedad y la presión, factores que habrían favorecido el fracaso cardiocirculatorio causado por una arritmia cardíaca que acabó con la vida de Iliass. El hermano de la víctima aseguró a Sputnik que el joven estaba desesperado por salir del centro y que prefería estar en la cárcel a continuar en el lugar.

Paradójicamente, los hechos que provocaron la muerte de Iliass también ocurrieron en el centro almeriense de Tierras de Oria. El caso fue archivado en enero de 2020, pero el recurso de la Fiscalía de Almería y de la familia hizo que el caso se reabriese a finales de año para exigir responsabilidades a la empresa Ginso, la “asociación para la gestión de la integración social” que se encarga de gestionar el centro. Previamente en España, los jóvenes Mamadou Barry y Ramón Barrios murieron en centros de menores, lo que señala la necesidad de replantear los métodos que se aplican contra los jóvenes y su integridad.

Denuncia del Defensor del Pueblo

En 2020, el Defensor del Pueblo denunció la “crueldad de la sujeción mecánica” que se emplea en los centros de menores. Así lo expresó el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de dicho órgano. Francisco Fernández, en el cargo desde 2017, exigía en junio del pasado año la abolición de la práctica de forma “rápida y radical”, lo que también conllevaría la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. “La práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”, añadía Fernández.

Una situación especialmente alarmante tras los resultados del informe anual de 2019, en el que aseguraba que las sujeciones mecánicas son muy frecuentes en los centros de España. En términos generales, en el estudio se detectó un aumento del uso de dicho método con respecto a 2018, especialmente en Cataluña y en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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