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Memoria democrática

Gerardo Iglesias: “Siguen resistiéndose a investigar los crímenes del franquismo con excusas y trafullerías”

El ex secretario general del PCE responde a la publicación del auto del TC que inadmite a trámite el recurso de amparo que presentó para que las torturas que sufrió en los años sesenta y setenta sean investigadas penalmente.

Gerardo Iglesias: “Siguen resistiéndose a investigar los crímenes del franquismo con excusas y trafullerías”
Magistrados del Tribunal Constitucional

Se conocían las razones por las que el Tribunal Constitucional inadmitió, hace ocho meses, a trámite el recurso de amparo que Gerardo Iglesias –minero jubilado, ex secretario general del PCE y ex coordinador general de IU– presentó ante él para que las torturas que sufrió en los años sesenta y setenta con motivo de su lucha antifranquista sean investigadas penalmente –no es que el TC lo admitiera a trámite y después sentenciara denegarle ese amparo; es que ni siquiera lo admitió a trámite–, pero ahora –con la publicación del auto de inadmisión– se conocen también las razones por las que tres de los 11 magistrados del tribunal –su vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer– votaron en contra de esa inadmisión.

Gerardo Iglesias denunció en 2018 ante la justicia española al policía franquista de la BPS Pascual Honrado por delitos de lesa humanidad en el marco de la persecución a los disidentes políticos por parte del Estado franquista, pero los juzgados de Oviedo primero y la Audiencia Provincial de Asturias después archivaron sus denuncias, por lo que el ex secretario general del PCE –considerando que la justicia española había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución– presentó un recurso de amparo ante el TC, que el pasado mes de enero estableció, por ocho votos frente a tres, que ni los juzgados ovetenses ni la Audiencia Provincial asturiana vulneraron ese derecho.

La mayoría del TC esgrime la prescripción de los delitos denunciados y la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, pero los tres magistrados discrepantes consideran que el tribunal debería haber admitido a trámite el recurso de amparo y después ya sentenciar –en un sentido o en otro– sobre él, pues cuestiones tan relevantes como la prescripción o no de los crímenes del franquismo o el alcance de la Ley de Amnistía de 1977 no deberían despacharse –como ha hecho el TC– en un simple auto de inadmisión a trámite sino en una sentencia, y más teniendo en cuenta la evolución del derecho internacional en lo relativo a los delitos de lesa humanidad. En este sentido, la magistrada María Luisa Balaguer ha llegado a denunciar en su voto particular la existencia de “zonas de impunidad en determinados períodos de la historia del país”, en referencia al franquismo.

Por su parte, Gerardo Iglesias ha reiterado este jueves a LUH que el sentido del auto no le “sorprende mucho”, pues en el Estado español “llevan mucho tiempo resistiéndose a investigar los crímenes de la dictadura con excusas que no tienen nada que ver con la legislación internacional y los derechos humanos”. “Siguen ahí con trafullerías, escudándose en la amnistía, pero la amnistía no fue hecha para los torturadores ni para los criminales de la dictadura sino para que volvieran los del exilio y salieran los de la cárcel y los de la clandestinidad; es verdad que en la Ley de Amnistía hay un párrafo o dos que de hecho amnistían a todo el mundo, pero eso va en contra de la legislación internacional sobre los derechos humanos, y por eso esa amnistía no es válida y habría que haberla anulado ya”, ha insistido el ex secretario general del PCE.

“Pero es lo que hay, eso es lo que tenemos en este país donde se dice que hay justicia independiente”, ha añadido Gerardo Iglesias, que sabe muy bien lo que dice y por qué lo dice. En 2016 –es decir dos años antes de denunciar al policía franquista Pascual Honrado ante la justicia española–, el ex secretario general del PCE acudió –requerido por la juez argentina de la Querella Argentina, presentada en 2010 ante un juzgado de Buenos Aires por víctimas y familiares de víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas del Estado español basándose en el principio de justicia universal y cansadas de toparse con el rechazo de la justicia española a juzgar en España los delitos de lesa humanidad del franquismo– a declarar ante un juzgado de Oviedo, pero no pudo hacerlo, pues la juez española suspendió su declaración atendiendo a una petición que el fiscal presentó minutos antes de su comparecencia. La denuncia de Iglesias en el marco de la Querella Argentina no abarcaba sólo las torturas contra él sino también la represión contra su familia, y especialmente el asesinato de dos de sus tíos, uno en el monte y el otro en un cementerio. “Tengo familiares en cunetas o no se sabe dónde, y tantos conocidos… Es una auténtica vergüenza”, ha insistido este jueves el exsecretario general del PCE, que recuerda que aquel día de 2016 “nos citaron en el juzgado de Oviedo a mi torturador [Pascual Honrado] y a mí, y –estando ya allí, o por lo menos yo sí lo estaba, y acompañado por varias personas– llegó una orden parece ser que de la Fiscalía para que se paralizara el interrogatorio y se suspendiera el tema”.

Las leyes franquistas y sobre todo la cultura franquista

Pero junto al debate jurídico –y por supuesto que revuelto con este– está el debate político, y la “reflexión política” de Gerardo Iglesias es “muy clara”: “Al cabo de tantos años de la muerte del dictador [el próximo 20 de noviembre se cumplirán 46], siguen imperando las leyes franquistas en muchos temas y sobre todo sigue imperando la cultura franquista, y es una vergüenza”.

Gerardo Iglesias ha recordado incluso las palabras que el Papa Francisco le dijo en 2019 a Jordi Évole sobre las víctimas del franquismo –como dos de los tíos del ex secretario general del PCE– cuyos cadáveres siguen enterrados en las cunetas en las que los sepultaron sus asesinos. “El derecho a la verdad sobre lo que pasó, a encontrar los cadáveres, a una sepultura digna… es un derecho no sólo de la familia” sino también “de la sociedad”, pues “una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”, le dijo a Évole Jorge Bergoglio, que añadió que “los muertos son para ser individualizados en los cementerios, no para ser escondidos”, y advirtió: “Nunca vas a tener paz con un muerto escondido; nunca”. “Hasta el Papa Francisco dice que escondiendo los muertos no se puede caminar al futuro”, ha insistido Iglesias.

En 2014, la justicia argentina ordenó, en el marco de la Querella Argentina, la detención por presuntos delitos de lesa humanidad de 20 represores y torturadores franquistas –entre ellos, Pascual Honrado–, pero ni la Policía española detuvo ni el Gobierno español extraditó al policía franquista –que cuenta con dos medallas, una con distintivo blanco y otra con distintivo rojo, otorgadas en 1967 y 1969 por el franquismo y mantenidas por el régimen del 78– ni a ninguno de los demás. En 2016, la Fiscalía española impidió a Gerardo Iglesias declarar en el marco de la Querella Argentina. En 2018, el ex secretario general del PCE denunció a Honrado por torturas ante la justicia española, pero los juzgados de Oviedo primero y la Audiencia Provincial de Asturias después archivaron sus denuncias. En 2021, el TC ha inadmitido a trámite su recurso de amparo, alegando en un auto –que no en una sentencia– que la justicia española no ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Para encontrar la justicia que no ha encontrado en España, a Gerardo Iglesias –nacido hace 76 años en el seno de una familia obrera de una pequeña aldea del concejo asturiano de Mieres y que siendo un niño fue testigo de la detención y de las brutales torturas que la Guardia Civil infligió a su padre por haber colaborado con la guerrilla antifranquista– ya sólo le queda acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. “Es una probabilidad”, aunque no sabe si finalmente lo hará, pues está “bastante limitado de salud” y quienes le llevan el caso son “los abogados”, que aún no se lo han “confirmado”.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. AbuJavi

    30 de septiembre de 2021 23:09 at 23:09

    Una muestra más de como actúan los jueces españoles. Tomando decisiones injustas sabiendo que son injustas, creo que se llama de alguna forma.

  2. Angelyo Fue

    2 de octubre de 2021 14:10 at 14:10

    Ojalá recurriera ante el TEDH.Yobdaria todo mi apoyo, también económico,para desenmascarar a tanto torturador y colaborador impunes.

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