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Opinión

Una ley en pro de la dignidad de vivir

A quienes nos ha tocado como padres de los jóvenes menores de treinta años las dos crisis sobrevenidas en 2008 y estos últimos años con el COVID, coincidentes con la formación de nuestros hijos y su incorporación al mercado laboral, nos parece de obligado cumplimiento que el actual Gobierno de coalición haya tenido la idea de volcar una importante partida de los presupuestos generales en la juventud.

Me consta hasta qué punto es desesperante esta situación para muchos de los jóvenes nacidos entre 1986 y 2003, no solo entre los que no tienen empleo sino también entre los que se ven obligados a aceptar trabajos precarios que van desde los servicios a la educación en unas condiciones deplorables. La pobreza infantil y juvenil es actualmente en nuestro país tres veces mayor que la registrada entre las personas mayores de 65 años. El 32 por ciento de los menores de 30 años, tal como está el mercado laboral, tendría que destinar hasta ahora el 92 por ciento de su sueldo para hacer frente al alquiler de una vivienda si pretendiera emanciparse de sus padres.

Sin embargo, la airada y reaccionaria oposición que padecemos, una vez perdido el norte de lo que sería una política crítica constructiva a tono con las repercusiones de las dos crisis aludidas, no ha esperado siquiera a leer la Ley de Vivienda para adelantar su recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya hiciera en el pasado con otras leyes que el Partido Popular a la postre acabaría por admitir una vez en el ejecutivo. La primera Ley de Vivienda en cuarenta años incluirá la regulación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas e impondrá un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías, al tiempo que se creará un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse

Tanto para Casado, que miente casi tanto como habla (a una falacia cada dos minutos en una entrevista de media hora en TVE), como para la extrema derecha con la que compite en necedad y embestidas retrogradas, la primera Ley de Vivienda es comunista y bolivariana, y un ataque sin precedentes a la propiedad privada, que como don Pablo sabe está protegida por la Constitución. En el mismo sentido se han expresado algunos presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Todos ellos, con Ayuso la aznariega a la cabeza, pretenden que con un salario mínimo las generaciones llamadas a conformar el país del futuro paguen el 92 por ciento del mismo para alquilar su vivienda y atiendan además a su nutrición y demás gastos de la casa con poco más de cien euros.

Las cifras están ahí y es de toda lógica que el ejecutivo haya aprobado la mayor inversión pública en gasto social y doblando las partidas dedicadas a la juventud. El 38 por ciento de los menores de 25 años está en paro y más del 80 por ciento no puede emanciparse. A finales del año pasado, solo el 15,8 por ciento de los jóvenes menores de 30 años había logrado dejar el hogar de sus padres o madres para vivir por su cuenta. Se trata de peor cifra desde 1999, según datos del Consejo de la Juventud.

¿Qué es lo que pretenden esa oposición patrañera y cerril recurriendo la Ley de Vivienda antes incluso de haberla leído, con lo que esto comporta de desprecio al Gobierno y a quienes lo eligieron? Su recurso es tanto como negarle a esa juventud, que es el rostro de la pobreza en España, su derecho a vivir con dignidad, cuando por su edad y condiciones están en predisposición de canalizar lo mejor de su energía para hacer un poco mejor este país nuestro que tanto lo necesita.

 

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