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Opinión

Una ley justa no garantiza una sociedad justa

“Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.”

Simón Bolívar

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), puede ser tomada como ejemplo. El gobierno Zapatero no disponía de unos recursos suficientes para permitir pasar de las intenciones a la realidad. Se avanzó en derechos civiles. Pero se retrocedió en la dependencia. Por ejemplo, la mejora en la calidad de atención del SAAD, la cualificación de los profesionales y la calidad de empleo, no sólo no se logró. Se pervirtió en favor de los grupos privados de la dependencia.

La necesidad de cubrir la cruda realidad del envejecimiento en España chocó frontalmente con la propia estructura ministerial, y por ende presupuestaria, que requería la implementación de la ley 39. Era una ley sociosanitaria. Ello suponía la intervención de dos áreas ministeriales: la Social y la Sanitaria. Parece una cuestión menor, pero desencadenó una confusión que no fue apreciada en su justa medida por el gran público. Sólo se atendió a la parte noble de la ley. A la potencialidad del SAAD, Sistema de autonomía y atención a la dependencia.

Los grupos de gestión de residencias no perdieron el tiempo. La fuerza de la sanidad privada, menos. Así, ellos vieron el negocio, es decir las ganancias. Los defensores de este vital servicio público, se centraron en los beneficios que se reportarían a los dependientes y a sus cuidadores. Entonces aún no existía el título de grado medio de Técnica Sociosanitaria. De dos años y 2.000 horas. La privatización que llegó con M. Rajoy deterioró el servicio, degradó a las profesionales y encareció el coste que usuarios y Estado debían afrontar para ofrecer un servicio cuyas consecuencias se pudieron apreciar durante las primeras olas de la pandemia en las residencias.

De esto, como un proceso que degradó la finalidad de la ley 39/2006, poco interesa a la magistratura. Mencionamos este caso porque sirve de ejemplo de que una ley justa no garantiza a una sociedad justa. Hoy los dependientes se han venido muriendo a decenas de miles por la desatención obligada por ley. El padre de M. Rajoy, magistrado recordado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, recibió los cuidados postreros, según se dijo, en la propia Moncloa. Privilegios inaceptables.

Si Podemos o sus socios creen que por haber llegado a consensos en el seno del Consejo de Ministros es suficiente, es que no han aprendido nada. La nueva Ley de Vivienda, por poner otro ejemplo, será un caso.

La derecha y ultraderecha española es especialista en sabotear toda posibilidad de mejora en la vida de la ciudadanía de este país, porque para defender los intereses de los fondos buitre han venido a la política. La incultura política de los votantes, sumada a las conocidas traiciones a los acuerdos estratégicos en las operaciones políticas, les han permitido seguir ayudando a esa dirigencia que subvierte los valores democráticos. Así, acuden a una justicia formada por sus propios compañeros de creencias religiosas, convicciones políticas o intereses económicos, para que interfieran en el legítimo funcionamiento de las instituciones.

Es hora de hacer política en serio, haciendo frente a los abusos, con el mandato de los electores en el seno de las Cortes en lugar de jugar a la política como una pandilla de bienintencionados. Consensuar una ley no es suficiente. Son los tiempos en los que las gentes desean un futuro mejor porque ya están hartos de que siempre se apropien de sus esfuerzos los más incompetentes, o de los oportunistas que se aprovechan de las tramas corrompidas para beneficiarse de títulos y honores que no les corresponden.

O se entiende esto de una vez, o la presunta democracia en la que vivimos estará definitivamente perdida. Para ello, el PSOE deberá de acabar con las complicidades de la Transición. No se debe perder esta oportunidad de ejercer la democracia como también imponer la autoridad de un gobierno legítimo por encima de los grupos que saquean España.

No queda tiempo.

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